El martes 25 será debatida el Proyecto de sentencia del TC que propone declarar inconstitucional ley que suspende cobro de peajes

El Tribunal Constitucional (TC) podría declarar este martes la inconstitucionalidad de la Ley 31018, que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada durante el estado de emergencia, si sus integrantes respaldan el proyecto de sentencia formulado en ese sentido por el magistrado Augusto Ferrero Costa, en su calidad de ponente de la causa.

Como se recuerda, esta ley fue observada por el Ejecutivo, por considerarla inconstitucional, ya que interviene en contratos entre las partes que tienen fuerza de ley, pero el Congreso la aprobó por insistencia y la promulgó, lo que llevó a Palacio de Gobierno a formular una acción de inconstitucional, causa que se verá este martes en el TC.

La propuesta de Ferrero Costa, que ya se puede leer en el enlace de la web del TC, concluye que la Ley 31018 vulnera el artículo 62 de la Constitución, ya que “viola la libertad de contratar, al suspender el contenido contractual pactado por las partes relativo al cobro de peajes, pese a que los vehículos usan las carreteras concesionadas, y lo han hecho aun en los momentos más estrictos del estado de emergencia por la pandemia del covid”.

Beneficio económico

El numeral 75 de la ponencia señala que esta exoneración en el pago de peajes es en realidad “un beneficio económico dado a las actividades de transporte, consistente en eximirlas del pago de peaje. Sin embargo, la ley al conceder tal beneficio, viola el mandato del artículo 62 de la Constitución, conforme al cual los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

A ello debemos sumar, dice el numeral 76, “que la ley impugnada infringe también la Constitución al prohibir la compensación correspondiente al concesionario por la afectación causada, desconociendo los derechos, obligaciones y mecanismos de compensación estipulados en los contratos de concesión.

Por último, el numeral 77 indica que “este Tribunal aprecia que la Ley 31018 interviene en contratos de concesión que son contratos-ley, con lo cual desacata el mandato del segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución, según el cual estos “no pueden ser modificados legislativamente”.

Por estas razones, la ponencia de Ferrero Costa propone declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo.

Sesiones transparentes 

La ponencia de Ferrero, vicepresidente del TC, también propone en su parte resolutiva, como interpretación constitucional de obligatoria aplicación, que las sesiones virtuales que realice el Congreso de la República serán conformes con la Constitución, siempre y cuando se interpreten los artículos 51-A, 27-A y demás relacionados con las sesiones, deliberaciones y votaciones comprendidas en los procedimientos parlamentarios del Reglamento del Congreso.

De este modo, se buscará que se garantice: 1) El carácter público, abierto y

transparente de los debates virtuales; y 2) La participación sin restricciones; la libre deliberación; y el voto personal, directo y público de cada congresista.

Deliberación pública

Según informó la Agencia Andina, la ponencia sobre el cobro de peajes será sometida a deliberación pública a las 10.00 horas del martes, y transmitida por las plataformas informativas del TC.

Esta es la tercera experiencia en la cual el TC levanta la reserva de las deliberaciones y la primera que se realiza de manera remota durante el estado de emergencia por la pandemia.

Las anteriores deliberaciones fueron: la demanda competencial por la disolución del Congreso de la República y sobre la demanda de inconstitucionalidad contra las corridas de toros y peleas de gallos. En ambos casos fueron presenciales.

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